«Filesa» tardó seis años en juzgarse tras una investigación llena de obstáculos

Larga y dificultosa. Son dos adjetivos que describen cómo fue la investigación del «caso Filesa», uno de los mayores escándalos político-financieros de la democracia. La implicación del partido entonces en el Gobierno -el PSOE- puso las cosas más cuesta arriba aún al magistrado del Tribunal Supremo que lo investigó, el ya fallecido Marino Barbero, quien tardó tres años y medio en dar por concluidas las diligencias y dictar un auto en el que aparecían 39 imputados. Tres meses después -en julio de 1995- renunció como magistrado al no recibir el amparo del CGPJ por los ataques que sufría desde las filas socialistas. El juicio no empezó a celebrarse hasta 1997 y el banquillo de los acusados lo ocuparon 12 personas. El fiscal, que en un principio llegó a solicitar el archivo, también acusó. La sentencia condenatoria se conoció el 28 de octubre de ese año. Como hecho probado, que la trama de empresas se había creado para financiar ilegalmente al PSOE.

A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

A finales de mayo de 1991 revienta el escándalo Filesa. Los principales bancos y empresas del país habían pagado cientos de millones de pesetas a dos pequeñas empresas de Barcelona, propiedad de destacados dirigentes socialistas, a cuenta de una serie de estudios de consultoría de diversa índole que jamás se llegaron a realizar. El Partido Socialista había montado una extensa red de recaudación de comisiones, liderada por Filesa y Time Export, que trasvasaba a Ferraz. Con tan solo media docena de personas en plantilla, estas dos sociedades fueron capaces de asesorar al BBV sobre containers, al Banco Central sobre fusiones bancarias o a la constructora de las hermanas Koplowitz sobre cómo implantarse en Gran Bretaña. Cantidades utilizadas para sufragar los gastos de las elecciones generales de octubre de 1989. Entre los receptores aparecían una importante imprenta, Hauser y Menet, una de las agencias de publicidad que contrataba en nombre del partido, El Viso Publicidad, y la empresa de vídeos Mabuse. El cerebro gris de este auténtico impuesto del aparato a los grandes círculos económicos es el responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista, Carlos Navarro.Una pequeña nota del Partido Socialista, posterior a esta noticia, reflejaba el desconcierto de Ferraz: &laqno;Al no existir ninguna relación entre las actividades del partido y la información reseñada, se ha remitido el contenido de la misma a los asesores jurídicos para las actuaciones que de su estudio puedan derivarse». Poco después, Carlos Navarro dimitía como tesorero del grupo parlamentario y Guillermo Galeote era separados de la secretaría de Finanzas del Partido Socialista.