CORRUPCIÓN EN ESPAÑA: casos

Afinsa y Fórum. 4.400 millones

Albertino Figueiredo

Un agujero patrimonial de 4.400 euros y medio millón de personas afectadas es el balance de una de las mayores estafas piramidales de la historia: la que llevó a la intervención judicial de las empresas filatélicas Fórum y Afinsa. Cuando están a punto de cumplirse siete años de la apertura de sendos procedimientos contra sus responsables por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, la Audiencia Nacional sigue tramitando ambas causas, que suman más de 3.000 tomos y en las que hay un total de 38 imputados, entre ellos Albertino Figueiredo, expresidente de Afinsa. Todavía hay en marcha varias comisiones rogatorias para localizar el dinero.

Caso de los ERE. 900 millones

Francisco J. Guerrera

Las irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla fueron destapadas por una denuncia del comité de empresa. El asunto desembocó en un caso de corrupción de grandes proporciones que salpica a altos cargos de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan a 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta. Hay más de medio centenar de imputados, entre ellos el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Nueva Rumasa. 500 millones

José Mª Ruiz Mateos

Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011 pagarés por valor de 385,3 millones de euros a 4.110 inversores, a los que ofrecían un interés de hasta el 12% anual. Pero las principales empresas del grupo, como Dhul y Clesa, quebraron en febrero de 2011 con una deuda de 700 millones. En ese momento los inversores privados solo habían cobrado algo menos de cien millones de euros, por lo que aún se les deben unos 300. Además, la «caja B» de la familia tenía anotaciones por otros 200 millones.

Caso Gürtel. 201 millones

Francisco Correa

Un exconcejal del PP de Majadahonda dio las claves para desmontar una trama de pago de comisiones a políticos del PP de Madrid y Valencia a cambio de contratos. En 2009 fueron detenidos Correa, Pablo Crespo —exsecretario de Organización del PP de Galicia—, y Álvaro Pérez «El Bigotes». La investigación terminó con la carrera política del presidente valenciano Francisco Camps, tres alcaldes, dos diputados madrileños y un senador, Luis Bárcenas, entre otros. La investigación le costó la carrera al juez instuctor, Baltasar Garzón.

Palma Arena. 110 millones

Jaume Matas

El caso Palma Arena, que hoy consta ya de más de veinte piezas separadas, entre ellas la de Noos que afecta a Iñaki Urdangarín, comenzó tras analizarse las obras del velódromo Palma Arena, ordenado construir por el entonces presidente balear, el popular Jaume Matas. Solo en esa instalación hubo unos sobrecostes de 110 millones de euros, aunque la cifra de lo saqueado en el conjunto de las investigaciones supera con mucho esa cifra. El caso, aún abierto, puso al descubierto una administración corrupta al servicio de Matas, imputado en la casi todas las piezas.

Caso Forcem. 100 millones

La Fiscalía pidó el procesamiento de seis cargos de UGT por el fraude de cien millones de euros en la Fundación para la Formación Continua (Forcem), formada por sindicatos y patronal. Las ayudas procedían de fondos de la UE y eran concedidas por el Inem. Algunas de las empresas receptoras del dinero carecían de actividad, empleados y hasta de alumnos. El Tribunal de Cuentas envió un informe al Congreso en el que se afirmaba que en el caso había responsabilidades penales y civiles en al menos dos sindicalistas. Tras la denuncia, que en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una brigada policial adscrita al Ministerio de Trabajo investigó el 5 por ciento de los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el 95 por ciento de ellos.

Gescartera. 88 millones

Antonio Camacho

En junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero patrimonial de unos 100 millones. Fue el principio de un escándalo que se saldó con un total de 52 años de cárcel para ocho de los acusados (entre ellos, Antonio Camacho) y con la condena a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables subsidiarios de un perjuicio de 88 millones. La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, condenada a 3 años, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique GiménezReyna, que dimitió.

Caso Pretoria. 45 millones

Maciá Alavedra

La «operación Pretoria», contra la corrupción urbanística y el blanqueo de dinero, estalló en 2009 en Barcelona. Se detuvo a nueve personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluis Prenafeta. El presunto cerebro de la trama es Luis Andrés García Sáez, un exdiputado del PSC expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones.

Caso Millet. 35 millones

Félix Millet

Félix Millet y Jordi Montull están acusados de la desaparición de más de 35 millones de euros del Palau de la Música, el mayor expolio de una institución cultural que se habría realizado tanto para enriquecimiento propio como para financiar ilegalmente a CDC, el partido de Artur Mas. Millet y su mano derecha gobernaron el Palau durante 30 años, aunque el desfalco que se ha podido acreditar sólo se refiere a los diez últimos. Millet reformó inmuebles de su propiedad y pagó gastos de su familia con esos fondos.

Caso Bárcenas. 22 millones

Luis Bárcenas

El extesorero y exsenador del PP, imputado en el caso Gürtel, se ha convertido en una caso en sí mismo tras conocerse que amasó 22 millones de euros en cuentas suizas. Bárcenas, que trabajó para el PP casi 30 años, compatibilizó estas tareas con sus negocios privados. La Audiencia Nacional investiga el origen de estos fondos y también se le acusa de haber cobrado una comisión de al menos 1,3 millones.

Caso ITV. 10 millones

Un grupo de empresarios ofrecía concesiones públicas de ITV a cambio de quedarse con una parte del negocio. Contaban con el apoyo del secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, al que los investigadores definen como «colaborador necesario», y tenían a sueldo al político convergente Josep Tous, al que la Generalitat le había encargado rehacer el mapa de las ITV del tripartito. Pujol proponía a los empresarios que contrataran los servicios de la consultora de su amigo Sergi Alsina.

Caso Malaya. 10 millones

Julián Muñoz

Es una de las mayores tramas de corrupción política y empresarial desarticuladas en España. Con epicentro en Marbella, cuyo ayuntamiento tuvo que ser disuelto, a José Antonio Roca, considerado cerebro de la trama, le fueron intervenidos bienes por valor de 2.600 millones de euros. En estos días se ha celebrado el segundo juicio, dirigido contra la tonadillera Isabel Pantoja y su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Durante la instrucción le fueron requeridas fianzas que alcanzan un total de 10 millones.

Caso Noos. 8,2 millones

Iñaki Urdangarín

El caso Noos implica a un miembro de la Familia Real, el Duque de Palma, quien ya ha tenido que declarar ante el juez como imputado y volverá a hacerlo el próximo 23 de febrero. Tanto Iñaki Urdangarín como su socio, Diego Torres, habrían utilizado la imagen del primero para firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas de Valencia y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos una fianza civil de 8,2 millones de euros.

Caso Cooperación. 22 millones

Rafael Blasco

El caso, instruido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la presunta implicación del portavoz parlamentario del PP en esa comunidad Rafael Blasco, investiga el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación. La investigación judicial, iniciada en mayo de 2011, se saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, entre ellas la de Blasco.

Caso Pallerols. 388.483 euros

Fidel Pallerols

Tres lustros de investigación y en unos minutos se alcanzó una conformidad. La trama de financiación irregular de Unió consistió en un desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols. Unió Democrática de Cataluña era responsable civil subsidiario. Pallerols y los otros tres imputados han evitado ir a la cárcel al aceptar la devolución de forma conjunta de 388.483 euros. Sin embargo, no es todo lo defraudado.

total de dinero afectado por estas corrupciones: 6.839 millones que equivalen a...

121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas. La subvención anual que Cáritas y Cruz Roja disponen cada año es de 56 millones, y con ella atienden a un millón de personas. Con lo robado por los corruptos podría darse esta subvención 121 veces.

Presupuesto del Ministerio de Defensa. El Presupuesto de un Ministerio como el de Defensa se eleva a 5.900 millones, mil euros menos que los 6.821 millones que suman las cantidades que se han llevado los casos de corrupción.

El valor de la red social Twitter. 6.700 millones es el valor de la red social Twitter (9.000 millones de dólares), más o menos lo que suma el desfalco en las arcas públicas que han implicado los distintos casos de corrupción.

15 veces la plantilla del Real Madrid. Los 6.821 millones de la corrupción son 15 veces el valor de la plantilla de un club de fútbol como el Real Madrid, cuyos jugadores están valorados en 517 millones de euros.

Los Partidos políticos permiten a la Banca condonarles las deudas pero "sin pasarse"

24 Mayo 2012 - - La Razón digital

Madrid- El Congreso dio ayer un paso más para el control y la transparencia de la financiación de los partidos políticos, ese proceloso mundo que ha llenado páginas y páginas de periódicos y no precisamente para destacar la ejemplaridad con la que se gastaba el dinero público. La situación económica, la crisis, el paro y sobre todo la brecha entre nuestros políticos y la ciudadanía han empujado a los partidos a tomar decisiones que, en 2007, cuando se reformó por última vez la Ley de Financiación de Partidos Políticos, fueron imposibles de implementar. Hoy, todo es distinto y quienes recelaban de mecanismos correctores, límites y prohibiciones están dispuestos a dar ejemplo.

Así, reunida ayer en el Congreso la ponencia que estudia la reforma de la Ley de Financiación, se incoporaron varias enmiendas transaccionales de calado impulsadas por el Grupo Popular e inspiradas algunas en aportaciones de ERC y otros grupos minoritarios. Entre las más destacadas, la de limitar a 100.000 euros el máximo anual de deuda que las entidades bancarias podrán condonar a las organizaciones políticas. Se trata del mismo tope que la ley estableció en 2007 para las donaciones privadas de personas físicas o jurídicas. Cualquier condonación deberá notificarse inmediatamente al Tribunal de Cuentas.

La reforma impulsada por el PP para reducir un 20 por ciento la subvención anual de los partidos –porcentaje que el PSOE pide que se aplique desde la entrada en vigor de la ley– prohíbe además que las fundaciones que reciban dinero público puedan financiar a las organizaciones políticas, a las que en la actualidad podían destinar hasta 150.000 euros al año. En cuanto a las fundaciones vinculadas a los partidos estarán sometidas a un exhaustivo control, ya que, además de imponerles la obligación de ser auditadas, tendrán que publicar sus balances en sus respectivas páginas web y remitir sus cuentas al Ministerio de Hacienda y al de Presidencia. La nueva ley establece también un cortafuegos entre las fundaciones y los partidos a los que pertenecen, de tal modo que no podrán destinar a ellos ni donaciones ni aportaciones. El dictamen de la ponencia deja claro que, tras la reducción del 20 por ciento de las subvenciones directas para este ejercicio, los partidos deberán condicionar a partir de ahora su financiación a la marcha de la economía, por lo que se suprime la cláusula de revalorización según el IPC por la que se revisaba la subvención cada ejercicio. Otra de las novedades de esta ley es la que atribuye al Tribunal de Cuentas capacidad sancionadora para incumplimientos graves: retrasar el límite legal establecido para las donaciones (100.000 euros), no presentar las cuentas ante el órgano fiscalizador del Estado y superar el techo de gasto electoral.

UNICEF, OMS y aborto: las pruebas a tu alcance

UNICEF es esa ‘respetable’ organización internacional que ‘protege’ la infancia y se publicita con las fotos de niños vivos, cuando paradójicamente se dedica a otra cosa. Felicitar la Navidad con tarjetas de UNICEF es poner dinero para que se realicen abortos.

1.- Completo manual de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre abortismo llamado "Aborto sin riesgos": métodos de aborto, instrumentación necesaria, etc. La guía no tiene desperdicio, incluye la negación de secuelas, cómo montar o mejorar un abortorio, cómo "derivar" a las embarazadas, incluso recomendaciones para combatir "barreras legales". Además, es muy rica en eufemismos, el aborto es "aborto sin riesgos", donde se practican son "servicios seguros", quienes los practican son "proveedores".

2º.- Tanto en el buscador de la OMS como en el de UNICEF, pueden encontrarse cientos de documentos propios con el aborto conceptuado como un derecho más de la mujer a su salud ("salud reproductiva").

3º.- En el libro de la OMS "Implantación de la maternidad segura en los países", hay relación del instrumental obstétrico recomendado, numerado por la propia organización, donde no faltan el aspirador y otros instrumentos necesarios para practicar abortos, como el decapitador Braun, el perforador craneal Simpson, etc..

4º.- Un documento de UNICEF, la organización internacional que “defiende” la infancia, llamado "Salvando vidas de mujeres" donde figura el equipo médico EMOC (siglas de "cuidados obstétricos de emergencia"). Podemos ver todo el instrumental necesario para practicar abortos, bajo los epígrafes de "equipos para craneotomía", "equipos de evacuación uterina" y "equipos de aspiración manual".

5º.- El plan de suministros hospitalarios de UNICEF para 2007 donde no faltan, comprados por miles de unidades, los instrumentos para realizar abortos: 1.500 aplastacráneos Braun, 1.500 decapitadores Braun, succionadores, etc.

UNICEF es esa “respetable” organización internacional que “protege” la infancia y se publicita con las fotos de niños vivos, cuando paradójicamente se dedica a otra cosa.

Felicitar la Navidad con tarjetas de UNICEF es poner dinero para que se realicen abortos.

Autor: Hazteoir- Fecha: 2010-11-16

La deuda de los partidos políticos españoles a la banca 2010

Acaba de publicar el Tribunal de Cuentas la Memoria del año 2010 y hace referencias a las últimas elecciones del 2006 donde destaca que la financiación pública otorgada en ese ejercicio a los partidos políticos con representación que fue de 193,1 millones de euros y de ellas 50,7 millones fueron subvenciones otorgadas por las Corporaciones Locales, recurso no incluido entre las fuentes posibles de financiación pública.

También el informe de fiscalización hace una referencia a la formación política de Izquierda Unida y señala, que además de presentar las cuentas de varias federaciones fuera de plazo, no presentó la contabilidad de las federaciones de Castilla León, Ibiza y Formentera, La Rioja y Valencia al Tribunal de Cuentas. Además este Tribunal en su informe de fiscalización de los partidos políticos a 31 de diciembre de 2006 dice que los partidos políticos debían a las entidades de crédito la siguientes cantidades:

PSOE incluido PSC)……….. 58,4 millones de euros,
PP …………………………55,7 millones
IU …………………………15,1 millones
PNV………………………..14,7 millones
CIU ………………………..11,9 millones

Por último, con la vista puesta en unas nuevas elecciones este año 2011, un grupo de expertos del Consejo de Europa ha llegado a la conclusión, de nuevo, de que la financiación de los partidos políticos españoles sigue siendo insuficientemente transparente.

En concreto, los préstamos de los bancos conseguidos en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente, siguen siendo una fórmula muy criticada por este Grupo contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa.

Por ejemplo, el PSOE oculta al Tribunal de Cuentas las condiciones por las que algunas entidades financieras, principalmente el Banco Santander y la caja vasca BBK, condonaron a este partido en 2006 unos 33 millones de euros de intereses para saldar unos créditos supuestamente arrastrados desde hace 20 años.

No olvidemos que en el conjunto del Estado las estimaciones son que casi 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años, según los cálculos de la Asociación de Afectados de Embargos y Subastas por ejecuciones hipotecarias. De enero de 2007 a septiembre de 2010, se han ejecutado 258.000 hipotecas. No obstante , el colapso en los juzgados debido al incremento de los impagos ha generado una bolsa de vivienda en ejecución hipotecaria sin finalizar de 160.000 expedientes. Lo más alarmante es que un pedido de ejecución, elevado por una entidad financiera al juzgado, no necesariamente implica un solo inmueble, sino muchas veces, todos los que tuviera de garantía la persona implicada.

De un artículo de: Francisco R. Alamillo- Fecha: 2011-05-23

sobre el señor Botín y su banco Santander

Emilio Botín García de los Ríos, es el banquero que regenta el Grupo Santander, Este hombre es aparentemente merecedor de los más altos honores gracias a la labor social que la Fundación Botín que preside, desarrolla por toda España. También se ponen sobre la mesa de sus labores filantrópicas, las inversiones realizadas en Cantabria, su tierra natal y cuya capital lleva el nombre de la nave financiera que pilota su familia desde hace décadas: instrumentos médicos para el Hospital de Valdecilla, proyecto del Centro Botín en los muelles de Santander, o el búnker que se está ejecutando en Medio Cudeyo para acoger el aparato informático del banco.

Todo esto le hizo merecedor el pasado febrero de la Medalla de Oro del Parlamento de Cantabria, por “sus aportaciones en el campo de la asistencia sanitaria, la educación, la investigación, el desarrollo de las zonas rurales, la cultura y la música”.

Este esfuerzo social sin par, podemos interpretarlo de muchas maneras. Lo cierto es que antes de levantar un monumento al ilustre, deberíamos ser conscientes de que don Emilio y su personal de confianza, se han sentado en el banquillo de la justicia española en más de una ocasión. A pesar de no haber prosperado las causas, las diversas querellas presentadas contra él y sus colaboradores han sido admitidas a trámite varias veces. La mayoría de ellas, tienen como trasfondo delitos contra la Hacienda pública o bien contra los otros accionistas del banco que ostenta.

Uno de los casos más sonados, fue el Caso de las Jubilaciones. En noviembre del 2002 se destapa este caso tras conocerse que los directivos del banco, Jose María Amusátegui y Ángel Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43.7 y 108 millones de euros al abandonar la entidad. Los accionistas del banco que presentaron estas querellas, consideraron que recibieron estas cantidades para dejar el terreno libre a Emilio Botín al fusionar el Banco Central Hispano con la entidad cántabra. El 14 de abril de 2005, Botín fue absuelto después de juicio oral de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

El otro caso conocido es el de las Cesiones de Crédito. A finales de los años 80, medio centenar de entidades lanzaron al mercado unos productos fiscalmente opacos, llamados “cesiones de crédito” y “primas únicas”. En 1990 el Ministerio de Hacienda inició un proceso de investigación de varias entidades entre las que se encontraba el Santander. En 1992 la Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra los administradores del Consejo de Administración del Banco Santander S.A. Doce años después, la juez Teresa Palacios abrió el juicio contra Emilio Botín, tres ex directivos del banco y 28 compradores de este activo financiero. 36 delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.

Pero la cosa no termina aquí. Algunos de sus más fieles colaboradores y empleados del banco también han tenido y tienen causas con la Justicia. El caso más notable es el de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto, condenado recientemente a tres meses de arresto y a la inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria. El motivo, el llamado Caso Olavarría, que lleva más de una década pleiteándose en los juzgados españoles. La circunstancia fue una denuncia falsa impuesta por los ejecutivos del Banesto por impago de una deuda de 3.6 millones de euros (600 millones de pesetas) . La querella contra Pedro Olavarría y otros tres empresarios era una medida de presión para intentar cobrar dicha deuda, a sabiendas de que los empresarios eran inocentes.

Resulta curioso el apoyo que Emilio Botín ha prestado a su consejero delegado, declarando recientemente que “no procede en absoluto cesarle del cargo”. Don Emilio siempre ha repetido que “es el mejor consejero de la banca”, lo que nos da una idea de la talla moral necesaria para desenvolverse en este lucrativo campo.

Igualmente, Alfredo Sáenz está implicado en el caso Banif, como imputado por su gestión del fondo Santander Banif Inmobiliario. Otra vez delitos de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado, publicidad engañosa, así como uso de información privilegiada y delito societario. La acusación corre a cargo de una asociación de 630 partícipes de dicho fondo.

Por si fuera poco, al circo le crecen los enanos. Recientemente la Audiencia Nacional anunciaba la investigación de la familia Botín, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Las cantidades presuntamente defraudadas por la familia de banqueros, superarían los 120.000 euros por contribuyente, mínimo a partir del cual, la evasión es considerado delito y se procesa por la vía penal.

También recientemente, un estudio del centro de investigación internacional Profundo, para la organización Setem, destapaba que 14 entidades financieras españolas, entre las que se encontraba el Santander, habían aprobado desde enero del 2006 operaciones financieras con 19 de las principales fabricantes de armas prohibidas del mundo (bombas de racimo, minas antipersona, armas biológicas, químicas y nucleares). Los fondos de inversión del Santander, poseen acciones de 13 compañías armamentísticas.

En resumidas cuentas, a la vista de los hechos, el “interés social” del banco parece tener de fondo un objetivo de lavado de imagen, más que de humanismo desinteresado. A pesar de que muchas de las causas judiciales no hayan prosperado, los intentos de fraude fiscal suponen querer robar al pueblo el fruto de su trabajo detraído por medio de los impuestos.

Si lo cuantificamos, el banco “regala a la sociedad” cerca de 33 millones de euros por medio de la Fundación Botín (durante el año 2010), y 148 millones de euros invertidos en lo que se llama hoy “Responsabilidad Social Corporativa” (que recoge las actividades sociales llevadas a cabo). Los beneficios del año 2010 han disminuido hasta la nada desdeñable cifra de 8.181 millones de euros, por lo que tan sólo un 1.8% de ese dinero es devuelto a la sociedad por medio de todas estas acciones, aparentemente “sin ánimo de lucro” . Y esto sin perder de vista que el dinero destinado por las empresas a fundaciones tiene ventajas fiscales a la hora de liquidar los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública. (Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo).

En definitiva, toda la realidad de apoyo desinteresado a los ciudadanos por parte de las grandes empresas tiene un doble objetivo: pagar menos impuestos a Hacienda y crear opinión pública a su favor en la sociedad: la tapadera perfecta para un robo perfecto.

Fuente: solidaridad.net

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2009: OBAMA

Este es el texto del jurado:

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido premiar con el Premio Nobel de la Paz 2009 al presidente Barack Obama por sus esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. El Comité ha considerado de especial importancia la visión de Obama y su trabajo por un mundo libre de armas nucleares.Obama como presidente de Estados Unidos ha creado un nuevo clima en la política internacional. La diplomacia multilateral ha recuperado una posición central, con énfasis en el papel que pueden jugar de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. El diálogo y la negociación son los instrumentos preferidos para resolber incluso los conflictos internacionales más difíciles. La visión de un mundo libre de armas nucleares ha estimulado poderosamente las negociaciones sobre el desarme y el control de armas.Gracias a la iniciativa de Obama, Estados Unidos está jugando un papel más constructivo en afrontar los grandes retos climáticos a los que elmundo se están enfrentando. La democracia y los derechos humanos también están siendo reforzados.Es muy poco frecuente que una persona capture la atención mundial como lo ha hecho Obama y que proporcione a sus gente una espera así por un futuro mejor. Su diplomacia se funda en el concepto de que aquellos que lideran el mundo deben hacerlo sobre la base de los valores y actitudes que comparten con la mayoría de la población mundial.Durante 108 años, el Comité Noruego del Nobel ha buscado estimula precisamente esa política internacional y aquellas actitudes de las que Obama es ahora el portavoz mundial. El Comité apoya el llamamiento de Obama de que "ahora es el tiempo de que todos tomemos nuestra parte de responsabilidad en una respuesta global a problemas globales".

Ahora los tozudos hechos al día de hoy:

Muchos de sus anuncios y esperanzas de momento son sólo palabras: la oposición en el Congreso le impide cerrar la polémica prisión de Guantánamo, por ejemplo.

Afganistán continúa siendo un frente abierto y cada día la tensión se recrudece. Obama parece estar intentando llevar más tropas al país asiático. Los intereses económicos geoestratégicos de Afganistán son conocidos. Los de Obama no se sabe a ciencia cierta.

Su capacidad de arrastre y liderazgo no han cosechado los frutos esperados en asuntos como la aplicación de las medidas anticrisis concretadas por el G20 en sus últimas reuniones.

Muchas voces le reprochan desde las asociaciones en defensa de los derechos civiles que no haya tomado iniciativas para abolir la pena de muerte en su país o limitar la posesión de armas de fuego en los hogares americanos.

Los presupuestos presentados por Obama para 2010 incluían un aumento en los gastos militares un 4% respecto al del año anterior, con un presupuesto de 533.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa.

«Filesa» tardó seis años en juzgarse tras una investigación llena de obstáculos

Larga y dificultosa. Son dos adjetivos que describen cómo fue la investigación del «caso Filesa», uno de los mayores escándalos político-financieros de la democracia. La implicación del partido entonces en el Gobierno -el PSOE- puso las cosas más cuesta arriba aún al magistrado del Tribunal Supremo que lo investigó, el ya fallecido Marino Barbero, quien tardó tres años y medio en dar por concluidas las diligencias y dictar un auto en el que aparecían 39 imputados. Tres meses después -en julio de 1995- renunció como magistrado al no recibir el amparo del CGPJ por los ataques que sufría desde las filas socialistas. El juicio no empezó a celebrarse hasta 1997 y el banquillo de los acusados lo ocuparon 12 personas. El fiscal, que en un principio llegó a solicitar el archivo, también acusó. La sentencia condenatoria se conoció el 28 de octubre de ese año. Como hecho probado, que la trama de empresas se había creado para financiar ilegalmente al PSOE.

A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

A finales de mayo de 1991 revienta el escándalo Filesa. Los principales bancos y empresas del país habían pagado cientos de millones de pesetas a dos pequeñas empresas de Barcelona, propiedad de destacados dirigentes socialistas, a cuenta de una serie de estudios de consultoría de diversa índole que jamás se llegaron a realizar. El Partido Socialista había montado una extensa red de recaudación de comisiones, liderada por Filesa y Time Export, que trasvasaba a Ferraz. Con tan solo media docena de personas en plantilla, estas dos sociedades fueron capaces de asesorar al BBV sobre containers, al Banco Central sobre fusiones bancarias o a la constructora de las hermanas Koplowitz sobre cómo implantarse en Gran Bretaña. Cantidades utilizadas para sufragar los gastos de las elecciones generales de octubre de 1989. Entre los receptores aparecían una importante imprenta, Hauser y Menet, una de las agencias de publicidad que contrataba en nombre del partido, El Viso Publicidad, y la empresa de vídeos Mabuse. El cerebro gris de este auténtico impuesto del aparato a los grandes círculos económicos es el responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista, Carlos Navarro.Una pequeña nota del Partido Socialista, posterior a esta noticia, reflejaba el desconcierto de Ferraz: &laqno;Al no existir ninguna relación entre las actividades del partido y la información reseñada, se ha remitido el contenido de la misma a los asesores jurídicos para las actuaciones que de su estudio puedan derivarse». Poco después, Carlos Navarro dimitía como tesorero del grupo parlamentario y Guillermo Galeote era separados de la secretaría de Finanzas del Partido Socialista.