24 Mayo 2012 - - La Razón digital
Madrid- El Congreso dio ayer un paso más para el control y la transparencia de la financiación de los partidos políticos, ese proceloso mundo que ha llenado páginas y páginas de periódicos y no precisamente para destacar la ejemplaridad con la que se gastaba el dinero público. La situación económica, la crisis, el paro y sobre todo la brecha entre nuestros políticos y la ciudadanía han empujado a los partidos a tomar decisiones que, en 2007, cuando se reformó por última vez la Ley de Financiación de Partidos Políticos, fueron imposibles de implementar. Hoy, todo es distinto y quienes recelaban de mecanismos correctores, límites y prohibiciones están dispuestos a dar ejemplo.
Así, reunida ayer en el Congreso la ponencia que estudia la reforma de la Ley de Financiación, se incoporaron varias enmiendas transaccionales de calado impulsadas por el Grupo Popular e inspiradas algunas en aportaciones de ERC y otros grupos minoritarios. Entre las más destacadas, la de limitar a 100.000 euros el máximo anual de deuda que las entidades bancarias podrán condonar a las organizaciones políticas. Se trata del mismo tope que la ley estableció en 2007 para las donaciones privadas de personas físicas o jurídicas. Cualquier condonación deberá notificarse inmediatamente al Tribunal de Cuentas.
La reforma impulsada por el PP para reducir un 20 por ciento la subvención anual de los partidos –porcentaje que el PSOE pide que se aplique desde la entrada en vigor de la ley– prohíbe además que las fundaciones que reciban dinero público puedan financiar a las organizaciones políticas, a las que en la actualidad podían destinar hasta 150.000 euros al año. En cuanto a las fundaciones vinculadas a los partidos estarán sometidas a un exhaustivo control, ya que, además de imponerles la obligación de ser auditadas, tendrán que publicar sus balances en sus respectivas páginas web y remitir sus cuentas al Ministerio de Hacienda y al de Presidencia. La nueva ley establece también un cortafuegos entre las fundaciones y los partidos a los que pertenecen, de tal modo que no podrán destinar a ellos ni donaciones ni aportaciones. El dictamen de la ponencia deja claro que, tras la reducción del 20 por ciento de las subvenciones directas para este ejercicio, los partidos deberán condicionar a partir de ahora su financiación a la marcha de la economía, por lo que se suprime la cláusula de revalorización según el IPC por la que se revisaba la subvención cada ejercicio. Otra de las novedades de esta ley es la que atribuye al Tribunal de Cuentas capacidad sancionadora para incumplimientos graves: retrasar el límite legal establecido para las donaciones (100.000 euros), no presentar las cuentas ante el órgano fiscalizador del Estado y superar el techo de gasto electoral.
Madrid- El Congreso dio ayer un paso más para el control y la transparencia de la financiación de los partidos políticos, ese proceloso mundo que ha llenado páginas y páginas de periódicos y no precisamente para destacar la ejemplaridad con la que se gastaba el dinero público. La situación económica, la crisis, el paro y sobre todo la brecha entre nuestros políticos y la ciudadanía han empujado a los partidos a tomar decisiones que, en 2007, cuando se reformó por última vez la Ley de Financiación de Partidos Políticos, fueron imposibles de implementar. Hoy, todo es distinto y quienes recelaban de mecanismos correctores, límites y prohibiciones están dispuestos a dar ejemplo.
Así, reunida ayer en el Congreso la ponencia que estudia la reforma de la Ley de Financiación, se incoporaron varias enmiendas transaccionales de calado impulsadas por el Grupo Popular e inspiradas algunas en aportaciones de ERC y otros grupos minoritarios. Entre las más destacadas, la de limitar a 100.000 euros el máximo anual de deuda que las entidades bancarias podrán condonar a las organizaciones políticas. Se trata del mismo tope que la ley estableció en 2007 para las donaciones privadas de personas físicas o jurídicas. Cualquier condonación deberá notificarse inmediatamente al Tribunal de Cuentas.
La reforma impulsada por el PP para reducir un 20 por ciento la subvención anual de los partidos –porcentaje que el PSOE pide que se aplique desde la entrada en vigor de la ley– prohíbe además que las fundaciones que reciban dinero público puedan financiar a las organizaciones políticas, a las que en la actualidad podían destinar hasta 150.000 euros al año. En cuanto a las fundaciones vinculadas a los partidos estarán sometidas a un exhaustivo control, ya que, además de imponerles la obligación de ser auditadas, tendrán que publicar sus balances en sus respectivas páginas web y remitir sus cuentas al Ministerio de Hacienda y al de Presidencia. La nueva ley establece también un cortafuegos entre las fundaciones y los partidos a los que pertenecen, de tal modo que no podrán destinar a ellos ni donaciones ni aportaciones. El dictamen de la ponencia deja claro que, tras la reducción del 20 por ciento de las subvenciones directas para este ejercicio, los partidos deberán condicionar a partir de ahora su financiación a la marcha de la economía, por lo que se suprime la cláusula de revalorización según el IPC por la que se revisaba la subvención cada ejercicio. Otra de las novedades de esta ley es la que atribuye al Tribunal de Cuentas capacidad sancionadora para incumplimientos graves: retrasar el límite legal establecido para las donaciones (100.000 euros), no presentar las cuentas ante el órgano fiscalizador del Estado y superar el techo de gasto electoral.
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