El caso más sonado fue el de las «escuchas del Cesid». Entre 1983 y 1991, bajo el Gobierno socialista de Felipe González, el denominado Gabinete de Escuchas del Cesid, que dirigía Emilio Alonso Manglano, había estado grabando ilegalmente conversaciones a empresarios, políticos, periodistas e incluso a Su Majestad el Rey.
Sin embargo, el mayor escándalo fue el protagonizado por el coronel Juan Alberto Perote, condenado por revelar secretos de Estado al ser destituido de su cargo, en 1991, como responsable de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid.
Los papeles de Perote
Perote se llevó 1.245 microfichas con secretos relativos a la seguridad y defensa nacionales, entre ellos los de la «guerra sucia» del Gobierno socialista contra ETA. En concreto, eran las microfilmaciones de todas las notas de despacho (que mandó destruir) que se custodiaban en el armario de seguridad de la Secretaría de la AOME. Algunas de estas notas acabaron en poder del empresario Mario Conde y después aparecieron publicadas en medios de comunicación. Estos escándalos contribuyeron a acelerar la caída de Felipe González.
Con el fin de marcar diferencias respecto al Cesid del Gobierno de González y de alejarse de aquella triste etapa de escándalos y traiciones, actualmente el CNI hace gala del control judicial al que se encuentra sometido. El hecho cierto es que en 2002, ya bajo el Gobierno de José María Aznar, se estableció la obligatoriedad de que todo agente que necesite violar un domicilio o pinchar comunicaciones requerirá una autorización del juez. Otra cosa es que este requisito se cumpla siempre. Y es que también recientemente los espías del CNI han protagonizado algunos titulares, como el supuesto seguimiento realizado al presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en su propio domicilio, por dos agentes que fueron sorprendidos por los escoltas del empresario. También hoy en día se insiste mucho en la lealtad y discreción de los candidatos a espía para evitar nuevos casos como el de Perote o el, más reciente, de agente Roberto Flórez.
Sin embargo, el mayor escándalo fue el protagonizado por el coronel Juan Alberto Perote, condenado por revelar secretos de Estado al ser destituido de su cargo, en 1991, como responsable de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid.
Los papeles de Perote
Perote se llevó 1.245 microfichas con secretos relativos a la seguridad y defensa nacionales, entre ellos los de la «guerra sucia» del Gobierno socialista contra ETA. En concreto, eran las microfilmaciones de todas las notas de despacho (que mandó destruir) que se custodiaban en el armario de seguridad de la Secretaría de la AOME. Algunas de estas notas acabaron en poder del empresario Mario Conde y después aparecieron publicadas en medios de comunicación. Estos escándalos contribuyeron a acelerar la caída de Felipe González.
Con el fin de marcar diferencias respecto al Cesid del Gobierno de González y de alejarse de aquella triste etapa de escándalos y traiciones, actualmente el CNI hace gala del control judicial al que se encuentra sometido. El hecho cierto es que en 2002, ya bajo el Gobierno de José María Aznar, se estableció la obligatoriedad de que todo agente que necesite violar un domicilio o pinchar comunicaciones requerirá una autorización del juez. Otra cosa es que este requisito se cumpla siempre. Y es que también recientemente los espías del CNI han protagonizado algunos titulares, como el supuesto seguimiento realizado al presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en su propio domicilio, por dos agentes que fueron sorprendidos por los escoltas del empresario. También hoy en día se insiste mucho en la lealtad y discreción de los candidatos a espía para evitar nuevos casos como el de Perote o el, más reciente, de agente Roberto Flórez.
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