el juicio contra Emilio Botín por las cesiones de crédito del Santander

23/11/2006 MADRID.- La Audiencia Nacional inicia el juicio oral por el caso de las cesiones de crédito, en el que están acusados cuatro directivos del Banco Santander, entre ellos el presidente, Emilio Botín, y 20 clientes de la entidad. Hace dos años, en el auto de apertura de juicio oral, la juez Teresa Palacios acusó a los directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública, pese a que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado han solicitado su sobreseimiento en varias ocasiones. Entre 1987 y 1991, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones con cesiones de crédito y captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), aunque, según reiteran fuentes de la entidad, los clientes normalizaron su situación con el fisco en 1996 mediante declaraciones complementarias y, en su momento, este producto era "completamente legal".

viernes, 22/12/2006 MADRID.- El presidente del banco Santander, EmilioBotín, respira ya tranquilo después de que la Audiencia Nacional haya decidido cerrar el caso que investigaba las cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto financiero trazado por el banco. Termina así el proceso judicial que comenzó hace catorce años y por el que llegaron a declarar entre los acusados el presidente, Emilio Botín, tres ex directivos del Santander y 21 antiguos clientes que compraron el producto. La Audiencia Nacional considera que no existen perjudicados al no presentarse en el juicio oral el Ministerio Fiscal y el principal agraviado, el abogado del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria (la mayor perjudicada en caso de delito fiscal).
En este proceso, abierto en 1992 por delito y falsedad documental contra la Hacienda Pública, los magistrados han acordado por unanimidad el sobreseimiento libre de las actuaciones, tal y como pidió el fiscal Vicente González Mota y la abogacía del Estado. Desde 1998 el Ministerio Fiscal, junto con la Abogacía del Estado, ya lo había pedido en 14 ocasiones. El sobreseimiento libre del caso significa que el delito, si lo hubiere, queda como "cosa juzgada", aunque el exculpamiento de Botín y de sus directivos podría no aplicarse a los 21 clientes que al parecer no regularizaron a tiempo su situación con el fisco.
La Sala de Lo Penal advirtió además que el juicio oral no puede abrirse solo a instancias la acusación popular si no se presenta el ofendido por el delito, porque esto “equivaldría a permitir que cualquier ciudadano” presentara querellas sin que fuera directamente perjudicado.