El Tribunal Supremo condena a Aída Álvarez por falsedad documental en el 'caso AVE'

El Tribunal Supremo ha condenado a la ex coordinadora de finanzas del PSOE Aida Álvarez y a su esposo, Miguel Molledo, a seis meses de prisión y multa de 1.200 euros por falsedad en documento mercantil en el 'caso AVE', en el que se investigó una supuesta financiación irregular del PSOE en los años 80. Así lo ha acordado la sala de lo penal del Supremo en una sentencia en la que estima los recursos interpuestos por el PP y el fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2006 que había absuelto a ambos.

La Audiencia condenó además a un año de prisión y 18.000 euros de multa a Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana, Sotero Jiménez y Valentín Medel, que ocuparon diferentes cargos en los gobiernos socialistas y en el PSOE, por un delito continuado de falsedad de documento mercantil y les absolvió de cohecho, lo que confirma el Alto Tribunal.
Condenados por el 'caso Filesa'
El caso AVE, que comenzó a instruirse en 1994, fue desglosado por el Supremo del 'caso Filesa' para investigar vías de supuesta financiación irregular del PSOE, en concreto la relacionada con el presunto pago de comisiones por adjudicaciones del AVE Madrid-Sevilla.
La Audiencia de Madrid ha absuelto a Álvarez y Molledo por considerar que ya habían sido condenados por el mismo delito de falsedad continuada en documento mercantil por el 'caso Filesa'

escuchas telefónicas

El caso más sonado fue el de las «escuchas del Cesid». Entre 1983 y 1991, bajo el Gobierno socialista de Felipe González, el denominado Gabinete de Escuchas del Cesid, que dirigía Emilio Alonso Manglano, había estado grabando ilegalmente conversaciones a empresarios, políticos, periodistas e incluso a Su Majestad el Rey.
Sin embargo, el mayor escándalo fue el protagonizado por el coronel Juan Alberto Perote, condenado por revelar secretos de Estado al ser destituido de su cargo, en 1991, como responsable de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid.
Los papeles de Perote
Perote se llevó 1.245 microfichas con secretos relativos a la seguridad y defensa nacionales, entre ellos los de la «guerra sucia» del Gobierno socialista contra ETA. En concreto, eran las microfilmaciones de todas las notas de despacho (que mandó destruir) que se custodiaban en el armario de seguridad de la Secretaría de la AOME. Algunas de estas notas acabaron en poder del empresario Mario Conde y después aparecieron publicadas en medios de comunicación. Estos escándalos contribuyeron a acelerar la caída de Felipe González.
Con el fin de marcar diferencias respecto al Cesid del Gobierno de González y de alejarse de aquella triste etapa de escándalos y traiciones, actualmente el CNI hace gala del control judicial al que se encuentra sometido. El hecho cierto es que en 2002, ya bajo el Gobierno de José María Aznar, se estableció la obligatoriedad de que todo agente que necesite violar un domicilio o pinchar comunicaciones requerirá una autorización del juez. Otra cosa es que este requisito se cumpla siempre. Y es que también recientemente los espías del CNI han protagonizado algunos titulares, como el supuesto seguimiento realizado al presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en su propio domicilio, por dos agentes que fueron sorprendidos por los escoltas del empresario. También hoy en día se insiste mucho en la lealtad y discreción de los candidatos a espía para evitar nuevos casos como el de Perote o el, más reciente, de agente Roberto Flórez.

FAMILIA UNIDA Y COLOCADA

Clasificación general de familiares de altos cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE "incrustados" en las Administraciones Públicas:

Luis Pizarro, secretario de Organización del PSOE-A: 1 esposa, 1 hijo, 1 concuñado, 1 cuñada, 3 primos, 2 sobrinos >> 9
Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE: 5 hermanos, 1 nuera, 1 sobrino >> 7
Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia: 1 esposa, 3 primos y 1 sobrino >> 5
Juan Gallo, director general del Gabinete de Manuel Chaves: 1 esposa, 2 cuñados y 1 hermana >> 4
Enrique Cervera, portavoz del Gobierno: 2 hermanos, 2 cuñadas >> 4
Juan Antonio Cortecero Montijano, viceconsejero de la Presidencia: 1 esposa, 1 hermana y 1 cuñada >>
3Pedro Moya Milanés, secretaría general de Acción Exterior consejería de la Presidencia: 1 esposa, 1 cuñada >> 2
Carmen Mejías Severo, secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia: 1 hijo
Bernat Soria Escoms, ministro de Sanidad y ex cargo de la Junta: 1 esposa >> 1

las fuerzas de seguridad del Estado vigilaron al presidente de Endesa

El presidente de Endesa confía en que la policía aclare el seguimiento de detectives a sus directivos
El Mundo (edicion on-line) (15 de Septiembre 2005).

El Director de Seguridad de Endesa, presentó el pasado 21 de febrero de 2007 ante la Brigada Provincial de Información de Madrid, dependiente de la Jefatura Superior de Policía, una denuncia a cuenta de los seguimientos de que el día anterior había sido objeto el presidente Manuel Pizarro y él mismo por parte de un coche camuflado que resultó estar ocupados por dos Guardias Civiles en ejercicio.
Los sucesos denunciados, registrados en plena guerra por el control de la eléctrica española entre la alemana E.On, la italiana Enel, y el grupo español Acciona, con el Gobierno de por medio, tuvieron lugar en la mañana del martes 20 de febrero, cuando, camino de la sede de Endesa, sita en el parque ferial Juan Carlos I, el jefe de seguridad personal del presidente de la eléctrica y el propio Pizarro se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos por un utilitario ocupado por dos personas. El coche siguió dando vueltas alrededor de la finca que ocupa la eléctrica, en el número 60 de la calle Ribera del Loira, por lo que, al cabo del rato, el Director de Seguridad de Endesa y uno de sus ayudantes, procedieron a abandonar la sede para dirigirse al centro de Madrid, lo que les permitió observar en seguida que eran seguidos por el mismo vehículo.
El Director de Seguridad y su ayudante se dirigieron hacia el edificio de la Bolsa madrileña, en la Plaza de la Lealtad, en cuyas inmediaciones procedieron a aparcar, movimiento en el que fueron imitados por el coche perseguidor, cuyos ocupantes, sin embargo, no pudieron evitar ser sorprendidos por la dotación de un coche patrulla al que los citados habían acudido para informar del seguimiento y pedir que procedieran a identificar a los sospechosos.
La pareja perseguidora, en efecto, resultó estar compuesta por el Sargento Primero de la Guardia Civil, A.G.M., y por el Cabo JFG. Todos estos extremos fueron puestos de manifiesto por los perseguidos en su denuncia ante la Brigada de Información de Madrid.
Los dos agentes, el sargento primero A.G.M y el cabo J.F.G, fueron interrogados tanto en dependencias de la Policía como del Instituto armado. En ambas declaraciones, ambos negaron estar realizando ningún seguimiento y aseguraron que su presencia en las cercanías de la sede central de la eléctrica, en el Recinto Ferial Juan Carlos I, de Madrid, fue fruto de la visita que iban a realizar a un amigo común que trabaja en un hotel cercano y con el que iban a tomar "un café".Según los datos de la investigación, ambos agentes se encontraban en el momento en el que fueron identificados fuera de servicio. De hecho, el cabo J.F. ha estado en excedencia de la Guardia Civil durante un tiempo y sólo pidió su reincorporación a la Benemérita tras detectársele una grave enfermedad, por lo que no ha llegado a prestar servicio efectivo en su destino en Extremadura.El segundo, el sargento primero A.G, ocupa un puesto no operativo, en las oficinas que la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tiene en la localidad de Tres cantos. Precisamente, los encargados de la investigación interna son agentes de esta comandancia.

14-6-2007
Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron sorprendidos la noche de este miércoles por los escoltas del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, cuando estaban vigilando su domicilio, lo que dio lugar a un incidente, según informa EL MUNDO.
Los guardaespaldas de Pizarro hicieron una fotografía a un vehículo que observaron en las cercanías de la casa del presidente de Endesa, tras sospechar de él. Entonces descendieron del vehículo dos personas, que se identificaron como miembros del CNI y exigieron la entrega de la cámara de fotos.
Se produjo un altercado que se saldó con la llegada de la Policía, que finalmente abrió un atestado y trasladó a todos los implicados a la comisaría para que prestasen declaración. Según fuentes cercanas al presidente de Endesa, la fotografía tomada por los guardaespaldas era para llevarla al día siguiente a la Policía.
En declaraciones a la Cadena Ser, el director general de la Policía y la Guardia Civil explicó que, según la información de la que dispone, algunos miembros del CNI estaban realizando un servicio "que no tiene nada que ver con el presidente de Endesa" y los efectivos que realizan las labores de contravigilancia de Pizarro detectaron esta presencia.
Agregó que hubo un incidente verbal, acudió un coche de la policía "y se acabó en dependencias policiales identificando a estas personas".
Indicó que ni él ni nadie de la Guardia Civil o la Policía ha dado nunca instrucciones para hacer un seguimiento a Pizarro. "No le veo el interés, no veo que interés puede tener hacer un seguimiento a esta persona y nunca se han dado órdenes en este sentido", insistió.

el atentado del 11-M no sólo tiene la versión oficial

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Roldán y la Guardia Civil

Nacido en Zaragoza en 1943, Luis Roldán ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1976. El 29 de diciembre de 1982 fue nombrado delegado general del Gobierno en la comunidad autónoma de Navarra. En el desempeño de este cargo obtuvo notables éxitos, principalmente en la lucha contra el terrorismo de ETA.
El 31 de octubre de 1986 fue nombrado por el Consejo de Ministros director general de la Guardia Civil.

En noviembre de 1993, cuando Corcuera anunciaba su dimisión y él solicitaba su cese, 'Diario 16' destapó un supuesto escándalo por el "desmesurado" incremento de su patrimonio durante su mandato.

Según el periódico, con su sueldo público, que en 1993 era de tan sólo 600.000 pesetas, Roldán había acumulado un patrimonio integrado por un chalet en Cizur Menor (Navarra), otro en Aravaca (Madrid), un piso de 332 metros cuadrados en la Castellana madrileña, otro terreno en Cambrils y una excelente finca de árboles frutales en Mequinenza, en La Rioja, además de otras propiedades que, tras su divorcio, habían pasado a su ex mujer.

Los cada vez más numerosos datos en contra de Roldán provocaron que, el 27 de abril de 1994, la Fiscalía solicitase a la jueza Ana María Ferrer, que instruía el sumario, la retirada del pasaporte del ex director de la Guardia Civil para impedir su salida del país.
Dos días después, Roldán no compareció ante el juzgado de instrucción número 16 de Madrid que lo había citado y su titular dictó orden de detención contra él. Para sorpresa general, las Fuerzas de Seguridad del Estado no dieron con su paradero y el 30 de abril, el ministro del Interior, Antoni Asunción, presentaba su dimisión al presidente del Gobierno asumiendo sus responsabilidades "políticas y técnicas" por su huida.
El 27 de febrero de 1995, Luis Roldan fue detenido por la policía española en el área de tránsito del aeropuerto de Bangkok, presumiblemente entregado por las autoridades laosianas. Un día más tarde, después de viajar a Madrid vía Roma, fue puesto a disposición de la juez Ana Ferrer quien decretó su ingreso en prisión.
El 26 de febrero de 1998, cuatro años después del comienzo del escándalo, Roldán fue sentenciado a 28 años de cárcel por los delitos de malversación, estafa, cohecho y cinco delitos contra la hacienda pública.
Además, la Audiencia Provincial de Madrid le impuso una multa de 1.600 millones de pesetas y le condenó al pago de dos indemnizaciones al Estado por valor de 578 y 957 millones de pesetas.
El 21 de diciembre 1999, el Tribunal Supremo aumentó de 28 a 31 años de cárcel la pena que la Audiencia de Madrid le impuso el año anterior. Roldán ingresó en la prisión de Brieva (Ávila) el 28 de febrero de 1995.

En noviembre de 2008 declaraba en televisión que el ex presidente del Gobierno Felipe González estaba al tanto de los cobros ilegales que él y su cuadrilla se embolsaban.

el juicio contra Emilio Botín por las cesiones de crédito del Santander

23/11/2006 MADRID.- La Audiencia Nacional inicia el juicio oral por el caso de las cesiones de crédito, en el que están acusados cuatro directivos del Banco Santander, entre ellos el presidente, Emilio Botín, y 20 clientes de la entidad. Hace dos años, en el auto de apertura de juicio oral, la juez Teresa Palacios acusó a los directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública, pese a que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado han solicitado su sobreseimiento en varias ocasiones. Entre 1987 y 1991, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones con cesiones de crédito y captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), aunque, según reiteran fuentes de la entidad, los clientes normalizaron su situación con el fisco en 1996 mediante declaraciones complementarias y, en su momento, este producto era "completamente legal".

viernes, 22/12/2006 MADRID.- El presidente del banco Santander, EmilioBotín, respira ya tranquilo después de que la Audiencia Nacional haya decidido cerrar el caso que investigaba las cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto financiero trazado por el banco. Termina así el proceso judicial que comenzó hace catorce años y por el que llegaron a declarar entre los acusados el presidente, Emilio Botín, tres ex directivos del Santander y 21 antiguos clientes que compraron el producto. La Audiencia Nacional considera que no existen perjudicados al no presentarse en el juicio oral el Ministerio Fiscal y el principal agraviado, el abogado del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria (la mayor perjudicada en caso de delito fiscal).
En este proceso, abierto en 1992 por delito y falsedad documental contra la Hacienda Pública, los magistrados han acordado por unanimidad el sobreseimiento libre de las actuaciones, tal y como pidió el fiscal Vicente González Mota y la abogacía del Estado. Desde 1998 el Ministerio Fiscal, junto con la Abogacía del Estado, ya lo había pedido en 14 ocasiones. El sobreseimiento libre del caso significa que el delito, si lo hubiere, queda como "cosa juzgada", aunque el exculpamiento de Botín y de sus directivos podría no aplicarse a los 21 clientes que al parecer no regularizaron a tiempo su situación con el fisco.
La Sala de Lo Penal advirtió además que el juicio oral no puede abrirse solo a instancias la acusación popular si no se presenta el ofendido por el delito, porque esto “equivaldría a permitir que cualquier ciudadano” presentara querellas sin que fuera directamente perjudicado.